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domingo, 22 de diciembre de 2024

El saqueo de Ecatepec: venta de propiedades municipales a días del cambio de administración"

 



* Presumiblemente la empresa La Costeña actúa en colaboración con el gobierno local 


Por Redacción/ Agencia MANL


Ecatepec, Méx.- A pocos días de finalizar el mandato del actual presidente municipal de Ecatepec, Jesús Palacios, la administración local aprobó una polémica operación de enajenación directa de un edificio municipal. El terreno, ubicado en la calle Cerrada Veracruz, con una superficie total de mil 594.70 metros cuadrados, fue traspasado a la inmobiliaria Fevilo SA de CV, en medio de acusaciones de opacidad, conflicto de intereses y posible ilegalidad.


DETALLES DE LA OPERACIÓN


El inmueble, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se delimita de la siguiente manera:


Al norte: 152.68 metros colindante con Inmobiliaria Fevilo SA de CV, 


Al sur: 154.72 metros colindante con Inmobiliaria Fevilo SA de CV, .


Al este: 10.24 metros colindante con Inmobiliaria Fevilo SA de CV, .


Al oeste: 10,72 metros colindante con la Avenida de las Torres Sur.


El valor fiscal y comercial del terreno fue calculado en 3,778,494.15 pesos por el Instituto de Capacitación e Investigaciones Geográficas, Estadísticas y Catastrales del Estado de México (IGCM). Este importe se determinó mediante una valoración, aunque la rapidez de la operación y las características de la empresa beneficiaria han generado dudas sobre su legitimidad.



FEVILO SA DE CV: UN ACTOR BAJO SOSPECHA


La beneficiaria de la operación, Inmobiliaria Fevilo SA de CV, es señalada por diversos actores locales como una empresa fantasma, presuntamente vinculada a la empresa La Costeña SA de CV.. Ernesto García Reséndiz, crítico de la gestión municipal, asegura que esta empresa tiene sólo cinco trabajadores registrados y es parte de un esquema de triangulación de activos tributarios.


"La aprobación de esta venta no es sólo un ataque a la transparencia; es una maniobra descarada para despojar al municipio de sus bienes en beneficio de una red de corrupción", comentó García Reséndiz, maestro en Derecho Laboral. 


LA POLÉMICA EN CABILDO


Durante la sesión del cabildo, la enajenación fue aprobada con tres votos a favor (del presidente municipal, el primer síndico y el primer regidor), dos en contra (de la concejal Claudia Fragoso y el concejal Fernando Martínez Vargas), y ocho abstenciones. Fernando Martínez Vargas calificó esta aprobación como “un acto de saqueo deliberado de las arcas y recursos de Ecatepec”.


“Es indignante que a 11 días de finalizar esta administración, el presidente municipal esté más preocupado por terminar el patrimonio municipal que por cumplir con sus obligaciones con los trabajadores y la ciudadanía”, agregó el concejal.



IMPLICACIONES LEGALES Y SOCIALES


J. Guadalupe Rodríguez Vargas, representante del Consejo de Sabios de Tulpetlac, ha señalado que la propiedad podría estar ubicada en un terreno comunal protegido por estudios paleográficos de 1935 y 1977. De confirmarse, la venta sería ilegal y atentaría contra el patrimonio histórico. . derechos de la comunidad indígena de Tulpetlac.


“Nos veremos en los tribunales federales para detener este asalto. Estas tierras no son propiedad del municipio, son un legado comunitario”, dijo Rodríguez Vargas.


LLAMADO A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES 


Diversos sectores han exigido la intervención inmediata de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Es urgente detener estas maniobras. Si lo permitimos no sólo venderán el inmueble, sino que también pondrán en riesgo la integridad territorial del municipio”, dijo Fernando Martínez Vargas.


UN MUNICIPIO EN CRISIS



Con una administración marcada por acusaciones de corrupción, precariedad laboral y desvío de recursos, Ecatepec se encuentra en una encrucijada. La venta del inmueble en La Cerrada Veracruz es sólo el ejemplo más reciente de las irregularidades que han caracterizado esta gestión.


Pobladores y líderes comunitarios esperan que las nuevas autoridades actúen con firmeza para investigar y sancionar estos actos, asegurando que las tierras y bienes municipales estén protegidos para el beneficio colectivo.


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